El año pasado se contabilizaron en la costa lucense 1.262 transacciones inmobiliarias, de las que las relativas a pisos protegidos no llegan al dos por ciento
El Concello admite que muchos usuarios no podrán costear las plazas sin las ayudas de emergencia social, que aumentarán de importe y se concederán en función de la renta y el patrimonio, exceptuando la vivienda principal
Cuestionan los criterios para establecer el incremento de los precios y dudan de que las ayudas económicas comprometidas puedan evitar que haya renuncias a las plazas por no poder pagarlas